Buzón ético

¿Qué es y por qué necesito un buzón ético?

Si su empresa aún no implementa un buzón ético o  canal de denuncias, está en riesgo inminente de incurrir en graves sanciones legales y daños reputacionales irreparables. La implementación de un sistema de buzones de denuncias no es una opción, sino una obligación legal que demanda atención inmediata.

El canal de denuncias es un mecanismo crucial que permite a empleados y colaboradores reportar, de forma confidencial y segura, cualquier actividad ilícita o contraria a la ética empresarial, como el fraude, la corrupción, el blanqueo de capitales y otras infracciones graves.

Sanciones desde 1.000 € hasta 1.000.000 €

 así como la prohibición de obtener subvenciones y contratos públicos dependiendo de si es persona física o jurídica, además de la gravedad y naturaleza del incumplimiento, esta herramienta no solo sirve como un salvavidas ético, sino como un escudo protector contra todas estas posibilidades.

No es solo una cuestión de cumplimiento; es una inversión en la integridad y sostenibilidad de su negocio. Un canal de denuncias es la diferencia entre una gestión proactiva y enfrentarse a consecuencias que pueden comprometer el futuro de su empresa.

Actúe ahora. Proteja su empresa con un buzón ético eficaz y conforme a la ley. El riesgo es real; la solución es simple. No deje que su empresa sea la próxima en las portadas por las razones equivocadas.

En su calidad de personas jurídicas del sector privado que entren en el ámbito de aplicación de los actos de la Unión Europea en materia de servicios, productos y mercados financieros, prevención del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo, seguridad del transporte y protección del medio ambiente con independencia del número de trabajadores con el que cuenten. Se considerarán incluidas en el párrafo anterior las personas jurídicas que, pese a no tener su domicilio en territorio nacional, desarrollen en España actividades a través de sucursales o agentes o mediante prestación de servicios sin establecimiento permanente.

Si quieres saber más: Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Posibles

Sanciones

1. La comisión de infracciones previstas en esta ley llevará aparejada la imposición de las siguientes multas:
• Si son personas físicas las responsables de las infracciones, serán multadas con una cuantía de 1.001 hasta 10.000 euros por la comisión de infracciones leves; de 10.001 hasta 30.000 euros por la comisión de infracciones graves y de 30.001 hasta 300.000 euros por la comisión de infracciones muy graves.
• Si son personas jurídicas serán multadas con una cuantía hasta 100.000 euros en caso de infracciones leves, entre 100.001 y 600.000 euros en caso de infracciones graves y entre 600.001 y 1.000.000 de euros en caso de infracciones muy graves.
2. Adicionalmente, en el caso de infracciones muy graves, la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., podrá acordar:
• La amonestación pública.
• La prohibición de obtener subvenciones u otros beneficios fiscales durante un plazo máximo de cuatro años.
• La prohibición de contratar con el sector público durante un plazo máximo de tres años de conformidad con lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Lo que debe cumplir

La solución

El Sistema interno de información, en cualquiera de sus fórmulas de gestión, deberá:

• Permitir a todas las personas referidas en el artículo 3 de la ley 2/2023 de 20 de febrero, comunicar información sobre las infracciones previstas en el artículo 2 de la misma.
• Estar diseñado, establecido y gestionado de una forma segura, de modo que se garantice la confidencialidad de la identidad del informante y de cualquier tercero mencionado en la comunicación, y de las actuaciones que se desarrollen en la gestión y tramitación de la misma, así como la protección de datos, impidiendo el acceso de personal no autorizado.
• Permitir la presentación de comunicaciones por escrito o verbalmente, o de ambos modos.
• Integrar los distintos canales internos de información que pudieran establecerse dentro de la entidad.
• Garantizar que las comunicaciones presentadas puedan tratarse de manera efectiva dentro de la correspondiente entidad u organismo con el objetivo de que el primero en conocer la posible irregularidad sea la propia entidad u organismo.
• Ser independientes y aparecer diferenciados respecto de los sistemas internos de información de otras entidades u organismos, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 12 y 14.
• Contar con un responsable del sistema en los términos previstos en el artículo 8.
• Contar con una política o estrategia que enuncie los principios generales en materia de Sistemas interno de información y defensa del informante y que sea debidamente publicitada en el seno de la entidad u organismo.
• Contar con un procedimiento de gestión de las informaciones recibidas.
• Establecer las garantías para la protección de los informantes en el ámbito de la propia entidad u organismo, respetando, en todo caso, lo dispuesto en el artículo 9.